Forzados a un viaje peligroso

LA LLEGADA de los refugiados centroamericanos, entre ellos muchos niños de corta edad, ha recibido mucha atención en los medios de comunicación estadounidenses y entre la derecha anti-inmigrante.

Fiel al discurso dominante derechista que ha emanado desde Washington, DC durante la última década, la reacción instintiva de los políticos y comentaristas ha sido analizar este último desarrollo a través del marco de la "mano dura en la aplicación de la ley". Esto ha permitido que el centro de atención se enfoque en las acciones de pequeños grupos de racistas y reaccionarios en Murrieta, California, dándoles una plataforma nacional para promover un espectáculo de resistencia a la inmigración, usando una retórica racista codificada de nacionalismo blanco.

Perdido en todo esto han quedado la difícil situación de decenas de miles de niños, la razones de su migración y sus derechos humanos básicos.

Como toda discusión mediática sobre la inmigración, existe una ignorancia voluntaria y colectiva de la interconexión de las políticas regionales de Estados Unidos y su estrategia geopolítica en América Central. Los factores que sacuden economías o alteran el panorama político de maneras perjudiciales, provocando el desplazamiento esporádico de generaciones enteras de personas, simplemente están ausentes en las descripciones ofrecidas por los medios.

Los niños y jóvenes que vienen a EE.UU., principalmente de América Central en la actualidad, son víctimas de las descaradas políticas económicas y militares diseñadas e implementadas por Washington, DC, unilateralmente o a través de las élites gobernantes de la región.

Estos jóvenes migrantes están viajando al norte para reunirse con sus familias o en una búsqueda desesperada de trabajo y seguridad. Es una condenación más a las inhumanas políticas de inmigración del gobierno estadounidense que estas víctimas inocentes sean tratadas como criminales e indeseables.

¿QUÉ ES lo que los medios de comunicación y las élites políticas no discutirán sobre los inmigrantes centroamericanos?

Podemos empezar por las guerras sucias de Washington en América Central en la década de 1980. El gobierno de EE.UU. apoyó el surgimiento y mantenimiento de los regímenes militares en Guatemala, El Salvador y Honduras, como medio para suprimir la oposición a la primacía de las corporaciones estadounidenses y las pequeñas oligarquías alineadas con ellas.

Estados Unidos financió una suma de 1,3 millones de dólares al año para aplastar a los movimientos populares que buscaban revertir la extrema desigualdad. Con los dólares estadounidenses y el apoyo de la Agencia Central de Investigación (CIA), los regímenes militares de América Central utilizaron escuadrones extrajudiciales llamados "escuadrones de la muerte", tortura, y otras técnicas para eliminar la oposición a su gobierno. EE.UU. también financió al ejército contra para atacar con una guerra de terror al único gobierno izquierdista de la región establecido en Nicaragua tras el derrocamiento del dictador Anastasio Somoza.

Los efectos de la guerra civil y la represión a gran escala fueron devastadores para la clase obrera y los pobres de la región. Según una investigación producida por la Comisión Económica para América Latina, las tasas de la pobreza alcanzaron casi el 60 por ciento en todo América Central en 1990, superando el 80 por ciento en Honduras, 73 por ciento en Nicaragua, el 65 por ciento en Guatemala y el 54 por ciento en El Salvador; con la mitad o más de los pobres en cada país clasificados como en situación de extrema pobreza.

La derrota de los movimientos populares de la década de 1980 --gracias sobre todo a la ayuda financiera y de armas de Estados Unidos a los regímenes militares--abrió la puerta a la expansión de las políticas neoliberales que se llevó a cabo en conjunto con el restablecimiento de un consenso conservativo en toda la región y los esfuerzos agresivos de Estados Unidos para expandir el "libre comercio" en toda América Latina.

A partir de 1984, Estados Unidos estableció la Iniciativa de la Cuenca del Caribe diseñada para conferir legitimidad política, asignar ayuda financiera, y otorgar estatus comercial favorecido a los gobiernos centroamericanos y caribeños activamente opuestos o reprimiendo a los movimientos sociales populares, todos los cuales fueron ampliamente categorizados como "comunistas" por la administración Reagan.

Este desarrollo coincidió con la creación de "zonas francas" en México y otros países de América Central, abriendo la puerta a la creación de maquiladoras, o plantas de ensamblaje, donde las empresas fueron eximidas de impuestos, cuotas y otras barreras comerciales a la importación y exportación, mientras compraran sus materias primas a EE.UU. Adicionalmente, muchas empresas estadounidenses recibieron incentivos fiscales para re-ubicarse en la región.

A cambio de la inversión extranjera y ayuda financiera, los gobiernos derechistas, especialmente en Guatemala, El Salvador y Honduras, suprimieron los sindicatos, encarcelaron o desaparecieron activistas por los derechos humanos, y más, para garantizar los bajos salarios, largas jornadas laborales y condiciones de trabajo pésimas que han hecho el sector de las maquiladoras tan lucrativo, a costa del subdesarrollo de la región.

En efecto, los gobiernos de América Central manejaron sus sociedades en interés de la capital de los EE.UU., creando condiciones óptimas para el provecho económico y las bases para usar ese poder económico contra los desafíos de la resistencia política.

EL AUGE de ganancias y el objetivo estratégico de debilitar los movimientos sociales regionales culminaron con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana ( CAFTA-DR, por siglas en inglés), para expandir el modelo de zona de procesamiento de exportaciones a lo largo de la economía.

Siguiendo el modelo de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU., Canadá y México, CAFTA-DR redujo las tarifas para productos estadounidenses, alivió las regulaciones sobre las operaciones de capital extranjero, instituyó los derechos de propiedad intelectual y limitó el papel del gobierno en las operaciones comerciales.

Al igual que el TLCAN, el acuerdo centroamericano se inició supuestamente para atraer a la inversión extranjera directa, incrementar el comercio dentro de la economía global, y aumentar el empleo. En la práctica, ha servido para perpetuar las mismas políticas de explotación y subdesarrollo consagrados en la política neoliberal anterior. El acuerdo incluyó lenguaje para establecer protecciones laborales, pero este ha resultado inútil y sigue sin ser aplicado.

Como resultado de la gran diferencia en la escala económica entre las dos economías, Centroamérica y los EE.UU., la apertura de los mercados ha tenido un efecto perjudicial sobre los trabajadores centroamericanos. Una afluencia masiva de productos agrícolas de Estados Unidos, por ejemplo, desplazó a miles de familias campesinas en grandes sectores rurales a través de América Central, después de que descubrieron que eran incapaces de competir con productos más baratos procedentes de los EE.UU.

Más de 200.000 trabajadores rurales desplazados se han incorporado a las maquiladora, cuyo crecimiento ha contribuido a la de-industrialización urbana ya que los fabricantes locales son forzados a cerrar su negocios y expulsados del mercado. Aunque que las zonas de las maquiladoras se han ampliado, esto no ha logrado traducirse en un trampolín el desarrollo social.

Según un informe de 2008 de la AFL-CIO que investigó las maquiladoras en Guatemala, hay violencia sexual generalizada contra las mujeres trabajadoras, el uso común de trabajo infantil, diversas formas de intimidación y violencia anti-sindical, listas negras de empleo y despidos masivos, y una incapacidad general para cumplir con los códigos laborales básicos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Otras organizaciones han señalado una tendencia similar en maquildoras en otras naciones centroamericanas.

La gente que no es absorbida por el sector de la maquila ha tenido que unirse al sector informal de la economía o emigrar. Según el Centro de Derechos de Mujeres en Honduras, "El libre comercio ha debilitado la estructura productiva del empleo, la disminución del sector agrícola y el 60,7 por ciento de los puestos de trabajo creados en el país están en el sector informal".

Las elites locales, apoyadas por los Estados Unidos, no toman ligeramente las amenazas al CAFTA. Cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya dio un giro hacia la izquierda a fines de los años 2000, aliándose con Hugo Chávez de Venezuela, y planteó la posibilidad de que Honduras podría retirarse del CAFTA para unirse al pacto comercial liderado por Venezuela, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA. Los militares hondureños prontamente se deshicieron de Zelaya en un golpe de Estado con el apoyo total del gobierno estadounidense.

TRAS UNA década de CAFTA, poco ha cambiado para la gran mayoría de los trabajadores y los pobres de América Central, mientras que el provecho económico de las corporaciones gringas y la desigualdad de ingresos dentro de los países centroamericanos han incrementado de forma alarmante.

Según un informe de 2013 de las Naciones Unidas, titulado Panorama Social de América Latina, entre el 2000 y 2012, el producto interno bruto per capita de El Salvador, Guatemala y Honduras se mantuvo o redujo, y las tasas de desempleo se mantuvieron constante. Hubo un historial mixto en los salarios, con incrementos modestos en Guatemala y una caída importante en El Salvador (no hay información disponible para Honduras). El informe también indica un fuerte aumento en el costo de los alimentos básicos y otros artículos de primera necesidad. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor subió un 18,7 por ciento en Honduras, 16.2 por ciento en Guatemala, y el 9,3 por ciento en El Salvador entre 2000 y 2012.

En conjunto, la represión estatal, el subdesarrollo económico, y la pobreza han producido una fuerte emigración desde los años 1980. Según el Instituto de Política Migratoria, cerca de 2 millones de centroamericanos se trasladaron a los Estados Unidos antes del año 2000 --desproporcionadamente de las poblaciones de El Salvador, Guatemala y Honduras, que fueron aun más devastadas por la represión estatal y desplazadas por la introducción de políticas de libre comercio neoliberal en los años 1980 y 1990.

Entre los años 2000 y 2010 --coincidiendo con la implementación del CAFTA-DR en 2006 y el inicio de la crisis económica mundial en 2008--el número de migrantes centroamericanos en
Estados Unidos creció a 3,1 millones, superando las tasas de migración de personas provenientes de México. Para el 2011, el mayor porcentaje de migrantes que entró a EE.UU. provenía de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Mientras tanto, hubo un factor más para afligir a los centroamericanos en la década de 2000: La expansión de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos en su patio trasero.

EL FRACASO abismal de la "guerra contra las drogas" liderada por Estados Unidos ahora se ha trasladado a América Central, añadiendo una nueva dimensión de conflicto y desplazamiento. El consumo de drogas es una realidad hemisférica, pero impulsado principalmente por la demanda estadounidense. La Organización de las Naciones Unidas estima que el valor total del comercio ilícito de drogas es de $320 mil millones en todo el mundo, y el Chicago International Law Review calcula la cuota de los Estados Unidos en $200 mil millones.

Desde 1971, los sucesivos gobiernos de Estados Unidos han optado por la estrategia de la penalización, a pesar de toda la evidencia que muestra su fracaso épico en la detención de la distribución o el consumo de drogas, o en la prevención de la violencia. De hecho, la tendencia opuesta se ha producido. Según el informe de 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la mayoría de las categorías de drogas ahora están más disponibles que nunca antes, la producción se ha expandido y vuelto más fluida, y las redes de distribución son más amplias y más difusa.

A pesar de esta evidencia condenatoria, la "guerra" continúa, y sus subproductos destructivos siguen acumulándose. Por ejemplo, se estima que el 80 por ciento de las personas en las prisiones de Estados Unidos son distribuidores de bajo nivel o usuarios, resultando que los Estado Unidos sea el país con la mayor población encarcelada del mundo.

Como el informe de la ONU señala, desde la década de 1990, EE.UU. ha reestructurado las políticas de drogas para empujar la violencia del narcotráfico fuera de su propio territorio, más al sur. Esto comenzó con la concentración de recursos de vigilancia y aplicación de la ley en la zona del Caribe con el propósito de cerrar el corredor Colombia-Florida. Más recientemente, este modelo se ha ampliado para mover la zona de guerra a México.

La militarización de la frontera Estados Unidos-México, incrementada a gran escala en 1994, fue en parte una re-orientación estratégica hacia el corredor de drogas que ahora se extiende desde Colombia a través de Centro América y México. También coincidió con la aprobación del TLCAN, y la anticipación de desplazamiento económico a gran escala y la migración de México.

En lugar de contener la migración, la fortificación de la frontera es responsable directa de más de 6.000 personas que mueren tratando de cruzar a los Estados Unidos, a través de desiertos y zonas montañosas. El control fronterizo se ha transformado desde entonces en una característica de otra guerra: la "guerra contra el terror". Decenas de miles de migrantes son detenidos y almacenados bajo este pretexto.

Pero en lugar de detener el flujo de drogas, la "guerra contra las drogas" en vez creó una zona de guerra a varios miles de kilómetros, con los carteles de la droga luchando por el control de la distribución y la producción a los mercados estadounidenses.

Desde 2005, EE.UU. ha exportado el modelo de guerra contra las drogas a México a través de la Iniciativa Mérida, que ha proporcionado $1,3 mil millones en ayuda y tecnología militar. Esto ha generado la militarización de la sociedad mexicana y una guerra sangrienta que ha cobrado cerca de 100.000 vidas.

Los partidos gobernantes de México también han reproducido la estrategia fronteriza de los Estados Unidos en la vigilancia de su propia frontera sur. Esto, junto con la corrupción de los organismos de aplicación de la ley y la presencia de bandas criminales atacando a los inmigrantes, ha hecho que el cruce a través de México sea un viaje peligroso e incluso mortal.

Mientras tanto, la guerra en México ha empujado a los cárteles a internacionalizarse aún más --muchos han cruzado o expandido a América Central, donde hay poca infraestructura para impedir sus esfuerzos y nuevos mercados para penetrar.

A pesar de estos fracasos, EE.UU. sigue desplazando más recursos para empujar esta guerra hacia México y América Central. En 2010, el gobierno de Obama lanzó la parte centroamericana de la Iniciativa Mérida, la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI, por sus siglas en inglés). CARSI proporciona equipamiento, capacitación y apoyo técnico y logístico para las operaciones de interdicción de drogas.

Hasta la fecha, los $803 millones asignados a los gobiernos de América Central han ido directamente a las manos de los gobiernos y aparatos militares para ostensiblemente proveer apoyo en sus esfuerzos para reducir los cárteles. Pero de hecho, los cárteles han aumentado su poder en relación a los gobiernos, y regiones enteras han sido desestabilizadas como consecuencia del aumento de la delincuencia y la violencia relacionada con las drogas.

Las tasas de asesinatos en América Central se han disparado, y es ahora una de las regiones más letales del mundo. Durante la última década, según el diario Los Angeles Times, la tasa de homicidios para la región ha aumentado casi un 100 por ciento. En 2012, la tasa de homicidios por cada 100.000 personas en México fue de 21,5; en Honduras fue de 90,4; en El Salvador, 41,2; y en Guatemala, 39,9. La desestabilización causada por la violencia, junto con los gobiernos y sistemas judiciales represivos o débiles en estos estados, ha intensificado la pobreza y el desempleo existente.

ESTE ES el telón de fondo que explica por qué más centroamericanos --incluyendo los más jóvenes--huyen de sus países de origen.

Los miles de jóvenes que aparecen en la frontera estadounidense son parte de un proceso más amplio. Muchos están tratando de reunirse con sus padres que ya están en el país, otros esperan encontrar trabajo para apoyar a aquellos que dejaron atrás, y aún otros están simplemente tratando de encontrar paz y seguridad.

En lugar de contar su historia, ellos son deshumanizados y reducidos a objetos en los medios de comunicación. Su presencia en los medios de comunicación comienza con su repentina aparición en nuestra frontera sur, y no se consideran dignos de una historia de fondo.

La naturaleza subyacente a su desplazamiento se remonta a la política estadounidense, pero todo esto queda fuera de la narrativa. Esto abre el espacio político a los grupos anti-inmigrantes de la extrema derecha para ir a la ofensiva y lanzar una histeria racista que pide más criminalización y demonización de los inmigrantes. Mientras tanto, las caras (apenas) respetables de los promotores del odio, como el gobernador de Texas, Rick Perry, se apoderan de una nueva oportunidad para ser el centro de atención.

En realidad, el gobierno de los Estados Unidos ha tenido una participación directa en la creación de las condiciones de empobrecimiento y desplazamiento de estos migrantes. Por lo tanto, se debe proporcionar protección, apoyo y refugio para todos los migrantes centroamericanos que lleguen a sus fronteras.

Traducido por Stella Becerril